Cuando una pareja se separa o divorcia, el convenio regulador recoge todos los aspectos esenciales de su nueva situación: custodia de los hijos, régimen de visitas, pensión alimenticia, uso de la vivienda familiar, entre otros. Sin embargo, la vida cambia y, con ella, también pueden cambiar las circunstancias de uno o de ambos progenitores. En estos casos, es posible solicitar una modificación del convenio regulador. Pero la gran pregunta es: ¿cuánto cuesta modificar un convenio regulador en España? Aquí te lo explicamos con detalle.
¿En qué casos se puede modificar un convenio regulador?
La modificación de medidas recogidas en el convenio regulador debe estar justificada por un cambio sustancial, duradero e imprevisible en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de su redacción. Entre los motivos más comunes están:
- Pérdida o reducción de ingresos de uno de los progenitores.
- Cambio de domicilio de alguno de los padres que afecta a la custodia o visitas.
- Nuevas cargas familiares, como el nacimiento de otros hijos.
- Empeoramiento de la salud o incapacidad de alguno de los progenitores.
- Cambio de necesidades del menor (más gastos escolares, sanitarios, etc.).
Una vez acreditado el cambio, es posible iniciar el proceso de modificación ante el juzgado.
¿Cuánto cuesta modificar un convenio regulador?
El precio de este trámite legal depende principalmente de si existe o no acuerdo entre las partes. Hay dos vías principales:
Modificación de mutuo acuerdo
Cuando ambas partes están de acuerdo con los cambios, el procedimiento es mucho más ágil y económico. En este caso, se redacta un nuevo convenio con las modificaciones y se presenta conjuntamente en el juzgado para su aprobación judicial. Es obligatorio contar con abogado y procurador, aunque puede ser el mismo profesional para ambas partes si hay entendimiento.
El coste total en estos casos ronda entre 300 y 600 euros, dependiendo del despacho y la ciudad. Algunos profesionales ofrecen precios cerrados que incluyen todo el proceso: redacción del convenio modificado, presentación judicial y seguimiento del procedimiento hasta que el juez lo aprueba.
Modificación contenciosa
Si no hay acuerdo entre las partes, el proceso se complica y se convierte en un procedimiento judicial contencioso. Cada parte debe acudir con su propio abogado y procurador, lo que incrementa los costes. Además, puede requerirse la práctica de pruebas, informes periciales (por ejemplo, en caso de disputa por la custodia), testigos o incluso comparecencia de los menores si tienen edad suficiente.
En este escenario, el coste suele oscilar entre 800 y 1.500 euros, aunque puede ser más si el caso se alarga o se vuelve complejo. A ello hay que añadir posibles gastos adicionales si se requiere informe psicológico, intervención del equipo psicosocial o pruebas documentales complejas.
¿Quién paga los gastos en una modificación de convenio regulador?
En caso de mutuo acuerdo, lo habitual es que ambas partes compartan los gastos a partes iguales. Esto es especialmente frecuente si han utilizado el mismo abogado y procurador para todo el proceso. Es importante que este reparto se acuerde claramente desde el principio.
Cuando se trata de un procedimiento contencioso, cada parte paga los honorarios de sus propios profesionales. Es decir, cada progenitor asume el coste de su abogado y su procurador. Sin embargo, el juez tiene la facultad de imponer las costas judiciales a una de las partes si considera que ha actuado con mala fe, temeridad o si pierde el procedimiento de forma clara.
Es importante tener en cuenta que, en procedimientos de derecho de familia, lo habitual es que cada parte asuma sus propios gastos, salvo casos excepcionales.
¿Qué incluye el coste de la modificación?
Tanto en vía amistosa como contenciosa, el coste habitual incluye:
- Consulta inicial y asesoramiento jurídico.
- Redacción de la demanda o del convenio modificado.
- Presentación ante el juzgado.
- Acompañamiento durante todo el proceso hasta la resolución judicial.
En caso de disputa, también puede incluir la asistencia a vistas, preparación de pruebas y comparecencia de testigos o peritos.
¿Se puede pedir justicia gratuita?
Sí. Si alguna de las partes no dispone de recursos suficientes, puede solicitar asistencia jurídica gratuita, que cubre los gastos de abogado, procurador y tasas judiciales. Para ello, debe acreditarse una situación económica precaria conforme a los límites que establece la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Este recurso es muy útil en situaciones de desempleo, precariedad o si una de las partes es víctima de violencia de género, en cuyo caso se prioriza la tramitación.
Conclusión
Modificar un convenio regulador no es gratuito, pero sí accesible si se hace con un buen asesoramiento. Si hay acuerdo, el trámite es rápido y económico. Si hay conflicto, es importante contar con profesionales especializados en derecho de familia que sepan guiar el proceso con eficacia y sensibilidad.
En AbogadosLF analizamos tu caso sin compromiso y te orientamos desde el primer momento. Te ayudamos a valorar si tu situación permite solicitar una modificación, te indicamos los pasos a seguir y te explicamos con claridad lo que te costará, sin sorpresas ni letras pequeñas.
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